La ley electoral española, conocida como Ley D’Hondt, es una de las grandes protagonistas de esta campaña electoral en España que se cerró ayer.
Su sistema beneficia a los partidos mayoritarios y el voto de todos los españoles no vale en todas las regiones por igual, motivos por los que los nuevos y pequeños partidos apuestan por reformarla.”Esta ley está diseñada para que la ciudadanía tenga la menor influencia posible en los asuntos del Congreso de los Diputados”, explica a Sputnik Nóvosti Carlos Enrique Bayo, director del diario español Público y analista electoral.
En unas elecciones generales en España, como las que se celebran este domingo, se reparten 350 diputados en un total de 52 circunscripciones territoriales: 50 provincias españolas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.
Todas las provincias tienen un mínimo de dos diputados, las ciudades autónomas uno y los 248 escaños restantes se reparten de manera proporcional a la población.
Este sistema de cálculo proporcional, ideado por el matemático y jurista belga Victor D’Hondt a finales del siglo XIX, divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuesta cada circunscripción.Es decir, si en una provincia (circunscripción) se escogen cinco diputados, los resultados que obtenga cada partido que se presenta se dividen entre 1, 2, 3, 4 y 5 y finalmente conseguirán diputados las formaciones que tengan las cinco cifras más altas, independientemente del número por el que se divida.
Este sistema provoca que el número de votos para conseguir un diputado sea diferente según la provincia en la que se vote.
En Soria, la provincia menos poblada de España, votan para elegir dos parlamentarios mientras que en Madrid, la más poblada, lo hacen por 36. Sin embargo, en Madrid, para lograr un diputado cada partido se necesitan 128.287,5 votos mientras que en Soria sólo 38.685 para conseguir un representante, lo que implica que en Soria el valor de un voto sea mucho mayor.
Es decir, el voto de un ciudadano de Soria vale 3,3 veces más que uno de la capital de España.
Este sistema históricamente ha favorecido a las fuerzas más votadas en zonas rurales, poco pobladas y a las listas mayoritarias.
“La ley electoral pretende perpetuar el poder de los grandes partidos y las oligarquías económicas, políticas, judiciales y militares que lo sostienen”, sostiene Bayo.
La mayoría de los nuevos partidos apuestan por una reforma de la Constitución que permita cambiar esta ley electoral por una “más democrática” que equipare el valor de los votos en todas las regiones.
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