Pekín, 26 dic (EFE) / Antonio Broto / imagen cortesía RTVE.- Xihongmen, un barrio del sur de Pekín habitado por inmigrantes rurales que están siendo desalojados a la fuerza, es un buen ejemplo de la pesadilla que para muchos chinos han creado la especulación inmobiliaria, la construcción descontrolada y la falta de garantías de vivienda digna.
En esa área, una de las más humildes de la capital, miles de personas han sido expulsadas sin negociar indemnizaciones, mientras otras vieron como su casa era derribada sin darles tiempo a sacar sus enseres y a las que aún quedan les han cortado servicios básicos como la luz o el agua para que se marchen.
En uno de los bloques de viviendas que resisten vive Qiuqiu, una mujer de mediana edad que aún tiene electricidad y agua pero a la que le han cortado la calefacción, por lo que está soportando un duro invierno en una ciudad donde se llegan a alcanzar temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.
"Es cosa de los explotadores, que nos quieren echar, mientras las autoridades miran hacia otro lado", cuenta a Efe la mujer, quien mira nerviosa de reojo a todas partes, temerosa de que las excavadoras lleguen en cualquier momento para echar abajo su casa.
En el barrio vivían antes de los desalojos unas 20.000 personas, y muchas de ellas se instalaron allí pagando por adelantado alquileres a un precio muy bajo, de 300.000 yuanes (45.000 dólares) por vivir allí 50 años, lo que casi equivalía a comprar las casas.
"No teníamos dinero para nada mejor", explica, antes de contar que un día las autoridades les dijeron que sus casas eran ilegales, lo que dio inicio a los desalojos, las demoliciones apresuradas e incluso varios episodios violentos, con matones agrediéndoles para que se fueran.
Otra vecina afectada, Hua Li (todos los entrevistados han pedido usar seudónimo por miedo a represalias), explica que un día llegaron unos hombres con hachas a su puerta y que, cuando llamó a la policía para denunciarlo, le detuvieron a ella tres días.
Los matones que les intentan amedrentar son también inmigrantes pobres, contratados por mafias. "Nos dicen que nuestras vidas no valen nada, que si nos matan sólo tienen que pagar a las autoridades 600.000 yuanes (90.000 dólares)", cuenta.
Algunos de los afectados comentan que las autoridades les han ofrecido una compensación equivalente al alquiler por los años que no podrán disfrutar en la casa, pero otros aseguran que no les dan nada o que el dinero no es suficiente en una ciudad donde los precios han subido mucho.
De poco les ha servido a los vecinos protestar al Ayuntamiento, o denunciar el caso a la prensa local. "Un periodista del Beijing Times vino a hacer un reportaje, los matones le dieron una paliza y le rompieron una pierna", explican.
Tampoco pueden acudir a abogados, en un momento en el que los letrados chinos que defienden causas a colectivos discriminados están siendo también perseguidos por un régimen comunista que ha reducido a mínimos el activismo de su sociedad civil.
Lo intentaron con un abogado que vivía en el barrio, al que también habían dejado sin calefacción, pero la tragedia se cebó con él y el 13 de noviembre murió en casa, intoxicado por un brasero.
"El día que murió vino la policía con intención de llevarse el cadáver. Tres vecinos lo intentaron impedir, decían que había que esperar a los familiares del muerto y los agentes les detuvieron", cuenta Yuan, vecina del fallecido.
"Saben que son responsables de su muerte, pues si no hubieran cortado la calefacción el abogado no tendría que haber usado el brasero", asegura.
No está claro por qué Xihongmen está siendo desmantelado de tan malas maneras, aunque Hua asegura que es por las obras del segundo aeropuerto internacional de Pekín, que se prevé que sea el de mayor tráfico del planeta a finales de esta década.
El barrio está decenas de kilómetros más al norte que el emplazamiento previsto para esa instalación, aunque Xihongmen podría ser un lugar de paso para autopistas que lleven a ella.
Para algunos de los afectados llueve sobre mojado, ya que muchos llegaron a Pekín hace años con otros problemas con autoridades locales, intentando así estar más cerca del Gobierno central para ver si él les podía escuchar.
Qiuqiu, por ejemplo, emigró a Pekín después de que en otra ciudad le obligaran a abortar cuando estaba embarazada de siete meses, por violar la "política del hijo único".
Otra vecina, Shi Ting, cuenta entre lágrimas a Efe que cuando su marido murió, hace años, quedó indefensa ante su vecino, un influyente político local, que le arrebató las tierras familiares.
Podría pensarse que han tenido mala estrella, pero Qiuqiu está convencida de que no es sólo eso: "No existe la mala suerte, lo que son malas son las políticas". EFE
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